En principio, y para poder realizar una localización exacta de la cuestión, habría que hacer algunas puntualizaciones teóricas relativas a la base empresarial de un medio de comunicación. Se trata de compañías que tienen que precisar muy bien quiénes son sus clientes y cuál es su materia prima, porque se trata de figuras distintas dependiendo el departamento desde el que se contemplen.
Para el director de redacción sus clientes son los lectores, radioyentes o televidentes, y su materia prima, la información y sus fuentes, a las que debe cuidar.
Para el director de publicidad, sus clientes son los anunciantes, que además son la principal fuente de ingresos del medio -con lo que un lector paga por el periódico no cubre ni siquiera los gastos del papel- y que, para colmo, a veces coinciden con las fuentes. La materia prima son los anuncios publicitarios y de quién llegue esta materia prima, y por tanto los ingresos, va, en buena medida, la independencia del medio, aunque no toda.
De esta dicotomía, planteada de una manera muy simplista aquí, dependen buen aparte de las discusiones en un medio sobre lo que puede o no puede publicarse. Es decir, el director comercial y el de redacción -y de una forma figurada- siempre andan la gresca: uno defiende la libertad informativa -y la posibilidad de contar con más personal- y otro la capacidad de ingresar más -sin eso, ni siquiera puede haber más personal-. A todo esto, el director general tiene que lidiar con ambas partes, además de con el director técnico y, además, ocuparse de su cuenta de resultados anual.
¿Complicado? Pues un nuevo medio de comunicación nace con la gratuidad como base y con las suficientes facilidades técnicas como para que quien quiera ofrecer de forma masiva aquella información que crea pertinente, pueda hacerlo. La dificultad surge cuando los grandes medios de comunicación, o empresas que pretenden ofrecer contenidos que no sean los de una mera página personal, se encuentran con los mismos problemas a la hora de obtener un departamento profesional de redacción que los de un medio convencional, y muchos más a la hora de lograr ingresos, ya que la publicidad privada no parece responder aún -hay quienes la tildan de fracaso, sin más miramientos, en el caso de Internet- y tampoco está reconocido como un medio oficial, por lo que no llega publicidad institucional. Los usuarios, por su parte, no están acostumbrados a pagar por la información online.
En medio de esta coyuntura se sitúa el debate sobre el cobro por contenidos de Internet. A iniciativas como las de los medios especializados en economía, se unen ahora algunos de medios generales: en España, la gran campanada la dio El País, y no porque no lo hubiera anunciado. Era la primera vez, eso sí, que un periódico cobraba por todos sus contenidos en la red y no sólo por sus “extras”. Y eso que, en este caso, esos extras van incluidos en la decisión, ya que no se limita a volcar la información que aparece publicada en papel.
La cuestión es si Internet, como medio, debe responde a planteamientos gratuitos -como la radio-, de pago -como la prensa escrita tradicional- o mixtos, como algunas plataformas de la televisión actual, que mezclan fórmulas gratuitas con aquellas en las que los contenidos de mayor interés -los extras- se pagan. Es decir, la disyuntiva no es sólo si cobrar o no los contenidos sino que, en el caso de hacerlo, se abren múltiples vías.
Una posibilidad es la que llevan a la práctica los sitios que ofrecen información gratuita, pero luego cobran por servicios adicionales. En algunos casos, esos servicios no se refieren a la mera información, sino a los relacionados con las telecomunicaciones, y además aúnan el cobro al internauta con la facturación al anunciante.
Así, hay portales que pueden cobrar a un usuario por un mensaje de información puntual a su teléfono móvil, cuando éste lo la solicitado, o que esa información sea gratuita para él cuando se envía a su cuenta de correo electrónico, en cuyo caso se le cobra al anunciante o fuente de la información.
En estas decisiones estratégicas tiene mucho que ver el concepto de “fijo” o de “móvil” del receptor de la información, ya que lo primero ha nacido bajo un concepto de gratuidad y lo segundo, bajo uno de pago. Intentar que el usuario pague por datos que recibe en su ordenador personal es más problemático, para el informante, que conseguir que lo haga por datos en su teléfono móvil.
Respecto al cobro por contenidos -y dejando a un lado los servicios-, la iniciativa tiene detractores y defensores. Los primeros esgrimen, en resumen, razones de igualdad de oportunidades a la hora de acceder al conocimiento. Los segundos, quienes se muestran a favor de ponerle precio a su información, la contemplan como un producto que, tras un proceso de elaboración, ofrecen a un potencial cliente.
Respecto a ese cliente, también existen posturas más o menos enfrentadas, pero una cuestión está clara: quienes más camino llevan recorrido en el uso de la Red (es decir, los estadounidenses), empiezan a mirar con buenos ojos el paso por caja. En el caso de las búsquedas, por ejemplo: se empieza a conceder más valor al acceso a información sin ruido -o con el menos posible- que a una pequeña incursión en la tarjeta de crédito. Pero esta cuestión es objeto de otro debate diferente: el cobro de contenidos desde el punto de vista del usuario, no del empresario.
Redactor:
José Manuel Fuentes
Sitio Web:
Cosmomedia.com
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